Un grupo de 17 congresistas de Estados Unidos exhortaron a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, a abordar las preocupaciones de seguridad nacional que generan los vehículos fabricados en China que tienen conectividad a Internet.
Los legisladores, encabezados por la representante Elissa Slotkin y el senador Sherrod Brown, pidieron a Sheinbaum en una carta establecer una revisión nacional y enviar una delegación a Estados Unidos a principios de 2025 para conversar sobre el tema.
«Los fabricantes de automóviles chinos han logrado avances significativos en el mercado mexicano, más que triplicando su participación en el mercado mexicano desde principios de esta década (con los datos de esa flota de vehículos accesibles al Partido Comunista Chino)», se lee en la carta.
«Este crecimiento, con razón, nos ha generado importantes preocupaciones en el Congreso, y creemos que estas empresas chinas, que reciben enormes subsidios estatales, ahora están tratando de utilizar a México como base para ingresar al mercado estadunidense».
Y es que Estados Unidos teme que China pueda utilizar los datos recopilados por sus vehículos conectados con la finalidad de lanzar ataques cibernéticos contra sistemas de infraestructura. Incluso, en la carta argumentan que el país ha reconocido «las capacidades sensibles de los vehículos conectados y ha tomado medidas para restringir en consecuencia la operación de vehículos extranjeros en China».
En septiembre, el presidente Joe Biden propuso prohibir el ingreso de software y hardware de sus unidades al país, lo que en la práctica excluiría a todos los modelos ligeros y pesos de su mercado y además prohibiría el ingreso de vehículos nuevos de las marcas chinas que se produzcan en México.
Asimismo, los legisladores destacan que el interés de fabricantes por construir plantas en México, como BYD, aumenta la posibilidad de que las empresas chinas eviten la imposición de aranceles por importación.
Por ello, solicitaron a Claudia Sheinbaum formalizar una política para negarse a otorgar incentivos económicos federales a empresas con vínculos con el Partido Comunista Chino, a nivel federal y estatal, así como establecer un proceso de revisión de la seguridad nacional para abordar los riesgos que plantea la fabricación o venta de vehículos de empresas chinas.
Finalmente, plantean que una delegación de la nueva administración viaje a Estados Unidos a inicios de 2025 para reunirse con funcionarios de los Departamento de Comercio y del Tesoro, la Oficina del Representante Comercial, el Consejo Económico Nacional y el Consejo de Seguridad Nacional para abordar los posibles riesgos.
«Durante décadas, nuestros países han trabajado juntos en cuestiones que afectan a nuestros dos pueblos. Tenemos mucho trabajo que hacer en temas como la migración internacional, el flujo de narcóticos y armas a través de nuestra frontera compartida, políticas económicas y ambientales y mucho más», concluye la carta.
«Y ahora incluye un enfoque compartido sobre los vehículos chinos y el control de los datos recopilados ahí. Este nuevo desafío es complejo y difícil, y la mejor manera de afrontarlo es trabajando en colaboración, y esperamos afrontarlo juntos».